CEE Castellano PUCV

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Petitorio.

Como estudiantes hoy, y mañana como profesionales, debemos tener la suficiente conciencia crítica para entender que las diferencias sociales se producen por el actual modelo económico, que concretamente en el plano de la educación, se reducen a las relaciones y equilibrios de oferta y demanda, las cuales no se condicen con las necesidades de las personas.

Existe una relación indivisible entre el Estado y la Educación, pues ésta corresponde a un derecho esencial e inalienable de cada ser humano, así como a la riqueza fundamental de una sociedad. El Estado, debe asegurar el acceso y la permanencia de cada persona en una educación de calidad y al servicio del desarrollo de nuestra sociedad; es decir, reconocemos al Estado como docente.

Entendemos como Universidad, a una comunidad activa de personas en el saber, también como uno de los motores fundamentales de desarrollo y perfeccionamiento social, como un lugar de formación de sujetos con conciencia crítica dentro de amplios marcos de pluralismo y como una constructo participativo que propende a la democratización del conocimiento y a la propuesta de soluciones a problemas tanto a nivel nacional, regional, local como sectorial.

Además, la Universidad, en un marco de mayor participación, debe tender a la regionalización y así salir de su ensimismamiento (centrada sólo en sus planteles educacionales), para vincularse de una mejor forma con la comunidad que la rodea, fomentando el desarrollo productivo y equitativo. Éste, es el rol público que deben tener las instituciones educacionales, no importando su naturaleza ya sea estatal o privada.

También, consideramos que la Universidad debe tener un rol más activo en cuanto a la difusión, la generación y por tanto, la democratización del conocimiento y de los estamentos universitarios (Triestamentalidad como ejemplo)[1].

Por esto, los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso exigimos:

Demandas a corto plazo[2]

Ante todo, debemos reconocer la condición universal y permanente de estudiante, sin discriminación de ningún tipo e independiente de su actividad y del lugar donde éste se encuentre.

Se deja claro, que la TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil), nace de una demanda histórica del movimiento estudiantil, en sus orígenes llamado Pase Único Nacional y no de una iniciativa gubernamental.

Respecto a los Decretos y a la Ley General de Educación (LGE), y teniendo en consideración lo acordado en el Zonal Quinta, se demanda lo siguiente:

A- Congelamiento de tarifas hasta derogación del Decreto 45. Esto, por el alza excesiva de tarifas que éste permite (50% del valor de la tarifa adulta) y que no se condice con la calidad de vida y realidad económica de la familia chilena. Además, porque contiene una clara discriminación en el trato tarifario entre los estudiantes de la región metropolitana (33% de la tarifa adulta) con las demás regiones. Por ello, exigimos la universalización del porcentaje de la tarifa escolar, teniendo como límite el actual porcentaje que posee la Región Metropolitana. Se exige a su vez, un reajuste del 50% de la tarifa adulta en el tramo “No Urbano”, el que corresponde a más a 50 kilómetros de distancia.

Además, se exige la extensión del uso de la tarjeta para los 365 días del año y las 24 horas del día. Eliminándose del Decreto 20 la expresión “año escolar”, que hoy restringe su uso sólo de marzo a diciembre. Entendiéndose la condición universal y permanente de estudiante ya planteado. Las modificaciones pertinentes, deben ir en el artículo número 7, inciso 3 de dicho Decreto.

B- Rechazo absoluto al pase regional con beneficios entregado por el gremio microbusero, el cual sólo entrega la posibilidad de ocuparlo los fines de semana y el período estival. Las Federaciones de Estudiantes de Chile, agrupadas en la CONFECH, acordaron apuntar a un Pase Único Nacional, –actual TNE– que reconoce la condición universal y permanente del estudiante; es decir, contiene mayores beneficios que el actual pase entregado por los empresarios (la posibilidad de utilizarlo los 365 días del año y las 24 horas del día) De igual forma, consideramos necesario que legalmente se impida cualquier pase paralelo y/o privado como a su vez, cualquier otro documento que se atribuya a dicho beneficio.

C- Entendemos, que la única solución definitiva al conflicto, es lo planteado en el punto A y rechazamos de plano una posible subvención a las tarifas escolares, que sólo iría en beneficio de los intereses privados; en este caso, de los empresarios microsbuseros. De este modo, planteamos el rechazo absoluto a la condonación de las multas sancionadas por la Inspección del Trabajo al gremio Microbusero.

D- Se exige evitar la promulgación de la nueva Ley General de Educación, la cual rechazamos, por: (1) Los principios, valores y enunciaciones que asimila la ley sobre el rol del Estado en la educación, no tienen un instrumento jurídico para hacerlos realidad; por ejemplo: se consagra el principio de la participación, pero los padres, apoderados y los estudiantes, no tienen injerencia en la toma de decisiones del establecimiento. (2) Tratándose de los sostenedores, los requisitos que la ley exige para tener tal calidad si bien se consideran, no son suficientes; a saber, se apela a la necesidad de un título universitario o técnico, mas, no se especifica la disciplina a la cual pertenezcan; (3) La composición del Consejo Nacional de Educación, al no representar a los actores de la educación, resulta poco legítima; (4) No elimina el lucro desmedido en que incurren los sostenedores privados a través de los recursos públicos; (5) No apunta, ni da cuenta del problema fundamental patente en el sistema público educativo chileno: la municipalización.

E- Exigimos, que se cree una plataforma nacional representativa de los actores sociales de la educación. En este sentido, rechazamos los criterios de representatividad impuestos por el Gobierno en las anteriores comisiones, puesto que los estudiantes en proporción y relevancia, nos encontrábamos disminuidos.

Esta plataforma, debe tener como objetivos la confección de una nueva Ley Orgánica de Educación que comprenda todos sus niveles[3], en torno a las exigencias de: Financiamiento Estatal (por ejemplo Arancel Diferenciado), el rechazo al lucro desmedido, Calidad de la educación y Democratización (por ejemplo, la Triestamentalidad), como condiciones mínimas e impostergables del movimiento estudiantil. Asimismo, esta plataforma debe llevar una discusión a fondo sobre el sentido y alcance de la “libertad de enseñanza”, regulada en el artículo 19 de la Constitución y trabajar en un proyecto de reforma constitucional.

Demandas a mediano plazo[4]

La LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), es parte fundamental en la grave crisis estructural que arrastra por años el sistema educativo chileno. Este marco regulatorio, por casi dos décadas, ha permitido que el Estado se desvincule de su deber intrínseco con la educación, dado que al no preocuparse de las necesidades educacionales mínimas que requiere el país, posibilita –por ejemplo– el lucro con los recursos públicos.

La LGE, que es aún proyecto de ley, constituye simplemente un mal maquillaje de la antigua ley, ya que no soluciona la problemática de fondo. Nuevamente, el Estado se encuentra en una posición de mero espectador, sin capacidad de conducir ni dirigir la educación chilena.

Cabe mencionar, que la actual LOCE y la nueva LGE, son simplemente un reflejo de lo que establece la Constitución política sobre el rol del Estado en la educación, el que es mínimo. Debemos por tanto, tener claro que el problema se encuentra en la llamada “libertad de enseñanza” (artículo 19, número 11 de la Constitución), que constituye la base jurídica del actual sistema y, que en términos económicos, puede asociarse al concepto de “libertad de oferta”. La libertad de enseñanza, establece la posibilidad de abrir y mantener todo tipo de establecimiento educacional a cualquier persona, lo cual constituye la puerta de entrada al actual lucro en la educación; por otra parte, se entiende como la libertad que tienen los padres y apoderados para inscribir en un sistema público o privado de educación.

La LGE, no apunta tampoco al problema de fondo que sufre el sistema educativo chileno, el cual es la municipalización. Hoy, las municipalidades tienen diversos deberes y funciones, dentro de las más importantes, la educación. Sin embargo, carecen del personal técnico capacitado y del presupuesto necesario para enfrentar dichas tareas.

Basándose en las consideraciones antes expuestas, los estudiantes de la PUCV rechazan el proyecto de Ley General de Educación y exigen la generación de una nueva Ley Orgánica de Educación, que deberá ser elaborada por la plataforma nacional propuesta en el punto E.

El informe final del CAPESUP, prontamente se materializará en la parte correspondiente a la educación terciaria de la Ley General de Educación. Este informe, no contiene criterios determinantes para eliminar el lucro en la educación y no asegura la efectiva democratización de las instituciones de Educación Superior. Es por estas razones, que los estudiantes de la PUCV rechazan este informe final.

Este petitorio fue elaborado por una comisión emanada del Consejo de Presidentes, compuesto por los siguientes estudiantes:

· Reinaldo Cáceres, Periodismo.

· María Fernanda Ortega, Ed. Diferencial.

· Roberto Vargas, Filosofía.

· Jorge Sharp, Derecho.

· Christian Toledo, Ingeniería Comercial.

· Francisco Húmeres, Ingeniería Comercial.

· Alfred Hinrichsen, Historia.

· Mauricio Araneda, Presidente FEPUCV.